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Miércoles, 7 de diciembre de 2016
III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara

Denuncian pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara omisiones de los tres poderes y violaciones sistemáticas a sus derechos ancestrales

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“En el camino de la justicia, seguimos siendo nómadas”

[Img #64152]En la ONU-DH

La III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, integrada por representantes de ocho comunidades indígenas, incluyendo líderes rarámuri (tarahumara) y ódami (tepehuán), aterrizó este lunes en la Ciudad de México para llevar el reclamo colectivo por sus derechos humanos ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos (ONU-DH), Jan Jarab, quien designó a Tom Haeck, Bernardo Serrano y Byron Cárdenas, de la Unidad de Observación, para recibir y escuchar a la comitiva.

 

Las autoridades indígenas entregaron el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, el cual documenta los casos de despojo territorial que han sufrido en las comunidades de Bacajípare, Bosques de San Elías Repechique, Choréachi (Pino Gordo), Coloradas de la Virgen, El Mochomo, Huitosachi, Mala Noche y Mogótavo, donde la población también ha sido objeto de amenazas, desplazamiento forzado y asesinato como consecuencia de la defensa de sus derechos humanos fundamentales.

 

Una de las principales problemáticas --que en gran parte ha dado origen a las demás-- es el inexistencia de mecanismos y figuras legales en las leyes del Estado que reconozcan los territorios indígenas como propiedades ancestrales de los pueblos, esto aunado al consentimiento de las autoridades al otorgar títulos de propiedad a particulares para explotación de recursos forestales, acuíferos y energéticos, así como proyectos de turismo invasivo, lo cual ha llevado paulatinamente a una situación de violencia y violación de los derechos humanos contra sus habitantes y los defensores que les han apoyado en su lucha, expusieron las y los representantes de las comunidades en una mesa de diálogo.

 

Así mismo, se hizo hincapié en el problema del narcotráfico, que desde el sexenio del año 2006 ha incrementado su presencia en la Sierra Tarahumara, primero con el cultivo y trasiego de mariguana por parte de grupos del crimen organizado, y que en el último año ha cambiado al cultivo de amapola, reclutando para esto a miembros de las municipios más alejados del estado de Chihuahua, enclavados en el llamado “Triángulo Dorado”, como es el caso de las comunidades de Guadalupe y Calvo.

 

Por su parte, Tom Haeck, representante de la Oficina del Alto Comisionado, resaltó la necesidad de que el Estado mexicano, previamente a la autorización de proyectos que afecten el medio ambiente, el territorio y la cultura de pueblos indígenas, debe realizar consultas que tomen en cuenta los usos, costumbres y formas de organización de cada una de las comunidades existentes en la zona.

 

De igual forma, Haeck aseguró que el tema de la armonización legislativa, que se refiere a la homologación de las leyes nacionales con relación a los estándares internacionales de tratados y convenios que protegen los derechos humanos, “es sólo el piso, es el mínimo que el gobierno debe garantizar”.

 

Coloquio de Derechos Indígenas

 

En su segundo día de actividades, la III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara participó en el coloquio “Análisis de sentencias paradigmáticas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre los Derechos Indígenas”, donde la Lic. Alma Chacón compartió su experiencia al llevar los casos de dos comunidades indígenas: Huitosachi, ubicada en el municipio de Urique, y Bosques de San Elías Repechique, municipio de Bocoyna.

 

En el caso de Huitosachi, se logró el reconocimiento del derecho a la consulta ante la construcción de proyectos turísticos del Gobierno del Estado de Chihuahua, mientras que en Repechique, logró el reconocimiento de la posesión ancestral del pueblo indígena ante la inminente construcción de un aeropuerto también sin previa consulta. Sin embargo, a pesar de los avances, en ambos territorios se ha seguido construyendo obras sin previa consulta y autorización de los propietarios legítimos y ancestrales.

 

La Lic. Chacón apuntó que las condiciones en el estado de Chihuahua, debido a su geografía y los patrones de asentamiento, tan distinto a las del centro del país, ha provocado el gran despojo de los territorios indígenas, y “al hablar de despojo me refiero a que son las leyes del derecho mexicano las que han dejado al margen de todo reconocimiento legal este tipo de posesión”, indicó.

 

Presentación del Informe: Derechos Territoriales

 

Al final del coloquio, se realizó la presentación del Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara, elaborado en colaboración por Alianza Sierra Madre, A. C. (ASMAC), Consultoría Técnica Comunitaria A. C. (CONTEC) y Tierra Nativa, A. C., integradas en la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara; documento que contiene la información detallada de cada comunidad y sus respectivas problemáticas.

 

La presentación corrió a cargo de Luis Pérez Enríquez, indígena rarámuri originario de Bosques de San Elías Repechique, representante, para la ocasión, de las ocho comunidades a las que refiere el Informe; acompañado del Lic. Horacio Lagunas Cerda, representante de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara; y la Lic. María Magdalena Gómez Rivera, abogada especialista en derechos indígenas.

 

Luis Pérez, luego de dar los buenos días en lengua rarámuri, recordó que en todas las comunidades presentes “el Estado ha legalizado el despojo” y por lo tanto ha permitido la explotación forestal, el desplazamiento forzado y la intrusión del crimen organizado entre las comunidades originarias.

 

Denunció que para los indígenas, el proceso de la justicia es muy complicado, debido a la complejidad del territorio de la Sierra Tarahumara, lo cual ha ocasionado que megaproyectos turísticos, de explotación forestal por núcleos agrarios y la extracción energética dividan a las familias y comunidades, debido a que “los líderes, por la defensa de su territorio han sido asesinados, en el caso de Coloradas de la Virgen y perseguidos, en el caso de Choréachi”.

 

Como uno de los principales indígenas defensores de la Sierra Tarahumara, aseguró que el derecho a la autodeterminación ha sido violentado en repetidas ocasiones y el sistema de justicia falla en cuanto a una protección jurídica adecuada para los pueblos, o aunque se tengan, como en los juicios agrarios, han sido insuficientes.

 

“Estos son algunos de los problemas que ha enfrentado la comunidad indígena en Chihuahua. En el camino de la justicia, seguimos siendo nómadas, porque no encontramos un lugar, la tranquilidad para acceder a la justicia”, finalizó Luis.

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