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Jueves, 8 de diciembre de 2016
III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara

Alto al despojo institucionalizado, exige Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara

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En su tercer día de actividades en la Ciudad de México, correspondiente al miércoles 7 de diciembre, la representación de comunidades indígenas chihuahuenses presentó el Informe: Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Sierra Tarahumara a la senadora por Chihuahua, Sylvia Martínez Elizondo; a la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República; así como a Alejandro Robledo Flores, representante de Jaime Martínez Veloz, comisionado para el Diálogo con los Pueblos Indígenas en la Secretaría de Gobernación.

[Img #64187]Por parte de la III Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara, la encargada de realizar la relatoría del Informe fue la abogada Carmen Herrera, asesora de la Red en Defensa de los Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara, quien, dijo, existe la necesidad urgente de una reforma para tener una legislación que considere la compleja realidad indígena nacional en el marco de los estándares internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y así reconocer el derecho territorial, legítimo y ancestral de estas comunidades.

 

Antes de continuar con la presentación, la abogada cedió la palabra al señor Alfonso Molina Carrillo, portavoz de las comunidades de Coloradas de la Virgen y Choréachi (Pino Gordo), ambas del municipio de Guadalupe y Calvo, donde la población ha sido perseguida y violentada por grupos del crimen organizado que buscan apropiarse de los recursos naturales para la siembra de amapola y mariguana

 

“Queremos saber para cuándo nos van a resolver este conflicto, porque hemos estado esperando la respuesta desde que presentamos los documentos. Queremos comentarles que las autoridades saben que desde hace años hemos sufrido amenazas y asesinatos; no hace muchos años que nos han matado a comisarios policías, representantes comunales y demandantes, por eso queremos la respuesta a todo esto, que nos digan hasta cuándo”, exigió el señor Molina en la breve participación.

 

Al retomar la palabra, Carmen Herrera denunció que actualmente, por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno existe una “discriminación múltiple contra los pueblos indígenas, porque no se les está reconociendo su identidad y su realidad”, indicó.

 

“Las comunidades indígenas son foco de explotación forestal, turística, de obras de infraestructura; pero lo más grave es que (esto sucede) con autorización oficial, gubernamental, sin que medie el derecho a la consulta previa, libre, informada, de buena fe y adecuada a su cultura por eso decimos que es un despojo institucionalizado”, evidenció la defensora derechohumanista.

 

“El informe representa de manera articulada el trabajo de acompañamiento en la denuncia y en la búsqueda de solución de los problemas en el registro de las organizaciones que integran la Red en Defensa de Territorios Indígenas de la Sierra Tarahumara; es resultado de largos años de gestiones ante las instancias administrativas, pues verán que hay litigios de hace 9 años que aún no se resuelven, entre agrarios y civiles, amparos improcedentes o cuya sentencia no logra hacerse cumplir, llegando un caso incluso a la SCJN, que no se ha podido cumplir y otro cuya resolución estamos esperando (caso Huitosachi) que esperamos sea una luz de esperanza que ponga una pauta de actuación para los juicios pendientes”.

 

Por su parte, Alejandro Robledo destacó el valor del Informe como documento de diagnóstico sobre las violaciones al territorio ancestral de los pueblos indígenas en la Sierra Tarahumara, pues es una investigación fidedigna, de campo, que da cuenta de una problemática aún sin solución y señaló que “es responsabilidad de los congresos locales y estatales armonizar sus constituciones para garantizar la autonomía y asegurar el ejercicio de la libre determinación o autonomía, que es la parte central de los derechos indígenas, sin olvidar el derecho al territorio ancestral y el derecho a la consulta”.

 

En su participación, la senadora Angélica De la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, hizo un llamado enérgico a respetar de una vez por todas los derechos indígenas de los pueblos originarios y puso en manifiesto la “corrupción e impunidad que hay detrás de las decisiones políticas, que a través de los sexenios han mantenido así a los pueblos indígenas, porque sus riquezas se ven como oro molido, y son visto como objetos, no como sujetos de derecho, como reconoce la Constitución”.

 

Pidió que de una vez por todas las autoridades tengan responsabilidad y consecuencias políticas y jurídicas por los crímenes que han azotado la Sierra Tarahumara, como la desaparición de niños, jóvenes, adolescentes, mujeres y hombres por las bandas delictivas en todo el territorio del estado de Chihuahua.

 

“Yo sé que ustedes a veces están impedidos de alzar la voz porque peligra su vida y la de sus familias, pero en ese sentido, lo mínimo que tenemos que hacer en el Senado de la República, es asegurarles que tengan la puerta abierta”, se comprometió.

 

Cruz Miguel Parra y Luis Pérez Enríquez, voceros de las comunidades de Mogótavo (Mpio. de Urique) y Bosque de San Elías Repechique (Mpio. de Bocoyna), respectivamente, expusieron cada uno la problemática que sufren las personas en sus pueblos.

 

“El acceso al agua es un derecho humano para sobrevivir y a nosotros nos están terminando de esta manera, quitándolo”, dijo Miguel Parra y recordó que en el año 2012 ya había acudido al Senado de la República para informar de la misma situación, sin que se haya resuelto favorablemente para su comunidad, donde se empezó una obra de infraestructura para llevar agua, pero luego fue suspendida.

 

En su turno, Luis Pérez pidió de manera concisa y clara que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tenga una ley de consulta a las comunidades ancestrales, pues “la tala de árboles se ha dado sin el consentimiento de nosotros; es un despojo latente y la comunidad es la que protege los bosques y quienes se aprovechan de ella son gente de fuera”.

 

A su vez, la senadora por el estado de Chihuahua, Sylvia Martínez, propuso a las y los representantes de las ocho comunidades de las que habla el Informe, volver a reunirse para elaborar un detallado plan de trabajo y ponerlo en práctica en beneficio de los derechos territoriales.

 

“Es complejo, pero tenemos que encontrar un camino para solucionar esta problemática”, aseguró la senadora y reiteró el compromiso que el actual gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, cuando fue senador, tuvo en el año 2014 con la Primera Caravana por la Justicia en la Sierra Tarahumara.

 

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